El ex alumno del Instituto Alonso de Ercilla aseguró que sólo busca justicia con la denuncia en la que participa. Además, afirmó que el ex vicario Cristián Precht, quien fue expulsado por el papa Francisco, lo atacó cuando era un adolescente.
Documento concluye que el principal sospechoso de esta operación es Rubén Aros, dueño de la empresa informal de seguridad Profacis y quien fue contratado por la misma Sofofa para encontrar los dispositivos.
Pablo Gómez, defensor de José Juan Llugany, aclara de paso que a diferencia de lo dicho inicialmente por el vicepresidente de la Sofofa, el micrófono en su oficina no fue detectado en un chequeo de rutina, sino que se ordenó una revisión tras un largo período de sospechas de filtraciones.
Tienen entre 28 y 38 años de edad, pertenecen a reconocidos bufetes y asumieron las defensas de los principales imputados en causas como SQM, Penta y Caval. Aquí una selección de los nueve profesionales que a diario es posible ver en las dependencias del Centro de Justicia de Santiago.
El escrito representa a 18 abogados, quienes buscan que se sancione a quienes divulgaron información reservada del caso que dirige el fiscal regional oriente, Manuel Guerra
Pablo Gómez asegura a este medio que la querella en contra de los periodistas fue abusiva y que recibieron amenazas y amedrentamientos. «Estamos estudiando contra varias personas algunas posibles acciones. De iniciar algo vamos a llegar hasta el final», dice, y estima que la Presidenta retiró la acusación para no exponerse a una «vergüenza» en los tribunales.
A través de un escrito ingresado al 2° Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Cox Vial y Pablo Gómez Edwards, abogados de los periodistas de la revista Qué Pasa, solicitaron el 16 de agosto que se agende audiencia en el más breve plazo para cumplir con la citación a conciliación por la querella por injurias que la Presidenta Michelle Bachelet presentó en su contra.
Fallo se da luego que la Corte Interamericana de Justicia obligara al país a no utilizar este tipo de procedimientos tras el denominado «Caso Lonkos».
El abogado representante del grupo Cruzat reconoció la firma de contratos forward, pero no que éstos fueran «falsos».
Funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Fiscalía Oriente llegaron hasta la oficina del abogado Felipe Moraga para retirar las carpetas.
